Transición energética sí, pero una y no diecisiete, y sin ir más allá de lo que exige Bruselas. Anfac, la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos, sitúa entre sus prioridades para 2020 la reclamación al nuevo Ejecutivo de un marco regulatorio nacional, «homogéneo, estable y alineado con Europa».
En un documento de trabajo al que ha tenido acceso ABC, la asociación apuesta por un esquema único a nivel estatal «que debe configurarse como elemento vertebrador de cualquier otra política autonómica o local». Además, reclama que éste «considere la neutralidad tecnológica, evite los prohibicionismos, impulse una fiscalidad enfocada a la renovación del parque y cree un marco de certidumbre que refuerce la presencia del sector del automóvil en España».
Detrás del documento de Anfac pesa, aunque no se menciona, la Ley de Cambio Climático de Baleares, que contemplaba prohibir los vehículos diésel en 2025 y fue paralizada en noviembre después de que los fabricantes de vehículos la denunciaran en Bruselas y ante Competencia. También el reciente impuesto catalán a las emisiones de CO2, o el primer borrador de trabajo de la futura Ley de Cambio Climático, que contemplaba prohibir la venta de coches de combustión a partir de 2040.
En una reciente entrevista con ABC, Mario Armero, hasta el pasado 30 de diciembre vicepresidente de la patronal de fabricantes de vehículos, consideraba «fundamental» que «en materia de movilidad haya una autoridad nacional y una ley nacional que proporcione cohesión a todos los territorios». «El cambio climático no tiene soluciones locales», abundaba.
Además, Anfac mantiene en el mencionado documento reclamaciones históricas como la reforma fiscal del automóvil, para suprimir el impuesto de matriculación («que frena el mercado y su renovación») e introducir un impuesto al uso que tenga en consideración tanto la calidad del aire como la descarbonización».
Igualmente, el lobby automovilístico pide un IVA reducido para los vehículos eléctricos, la mejora en las deducciones en retribución en especie para vehículos de bajas y cero emisiones o un programa de ayudas estructurales «centralizado» con una dotación de, al menos, 250 millones de euros al año. Estos programas, dicenm «deben cubrir tanto la renovación de los vehículos más antiguos con nuevos de bajas emisiones, así como la incorporación al parque de vehículos alternativos (electrificados, de hidrógeno y de gas).
Otras peticiones pasan por establecer un registro unificado de puntos de recarga para vehículos eléctricos antes del 31 de diciembre de 2020, así como garantizar la interoperabilidad de los mismos, «para que los usuarios de un vehículo electrificado puedan recargar en diferentes países y redes utilizando una única aplicación o tarjeta».
Fuente: ABC
