El Ministerio para la Transición Ecológica ha desenfundado este martes la que para muchos es la mejor herramienta para luchar contra los problemas medioambientales y para cambiar conductas perniciosas: la fiscalidad. Ha puesto sobre la mesa un nuevo impuesto para reducir los residuos plásticos. Esta figura, que prevé una recaudación anual de 724 millones, está contemplada dentro del anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros y que comienza ahora su tramitación. Si se aceleran muchísimo los plazos, la norma estaría lista definitivamente en el primer semestre de 2021.
Esta ley fija como gran objetivo reducir un 15% la generación de todos los residuos del país en 2030 respecto a los niveles de 2010. Y con ella España se sumará a la lucha contra los residuos plásticos que iniciaron hace un par de años las instituciones europeas. De hecho, una de las razones de ser de la norma es incorporar las dos directivas de residuos y de plásticos que la Unión Europea aprobó en 2018 y 2019. España fijará así por ley el veto a partir de julio de 2021 a la venta de objetos de plástico de un solo uso como cubiertos y pajitas. Además, se prohibirán los microplásticos que se añaden a productos cosméticos y detergentes, y se obligará a los bares a poner a disposición de los clientes agua del grifo gratis a partir de la aprobación definitiva de la norma. Estas son algunas de las medidas con las que se pretende contribuir a la lucha global contra esta contaminación. Al año llegan a los océanos “ocho millones de toneladas de plástico”, ha recordado este martes la vicepresidenta y ministra para la
Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Pero el anteproyecto va más allá de las directivas al fijar ese nuevo impuesto y recurre a una fórmula ya empleada, por ejemplo, para luchar contra la obesidad en muchos países a través de gravámenes sobre bebidas azucaradas. El impuesto propuesto ahora será de carácter indirecto y recaerá sobre “la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español”, según detalla el Ministerio para la Transición Ecológica. Ribera ha justificado este impuesto y el resto de medidas de la ley en el “uso absolutamente desmedido, irracional e irresponsable” que se hace de los envases plásticos.
El ministerio ha explicado que el nuevo gravamen es “similar al que se pretende implantar en otros países” como el Reino Unido e Italia. “El tipo impositivo será de 0,45 euros por kilogramo de envase”, añade. Teniendo en cuenta los últimos datos disponibles, correspondientes al ejercicio 2017, el Gobierno estima que se podrían recaudar anualmente cerca de 724 millones de euros.
Ribera ha admitido las grandes carencias que tiene España en cuanto a los impuestos medioambientales. La Comisión Europea y organismos internacionales como la OCDE o el FMI llevan años instando a España a que acometa una reforma de su fiscalidad verde para aumentar su recaudación y penalizar más las actividades contaminantes. El ministerio ha recordado este martes que, según los datos de 2017, el país “tiene el quinto porcentaje más bajo de ingresos medioambientales respecto al PIB de la UE”. En concreto, “los ingresos derivados de la fiscalidad verde supusieron apenas el 1,83% del PIB, frente a una media de la UE del 2,40%”, ha añadido este departamento. “España cuenta con un margen muy alto de actuación en materia de fiscalidad verde”, ha resumido la vicepresidenta.
A principios de año el Gobierno abrió una consulta pública sobre fiscalidad medioambiental. Anunció la posibilidad de poner en marcha un impuesto sobre los envases de plástico de un solo uso. Finalmente, ese tributo se ha incluido en la ley de residuos y suelos contaminados. Paralelamente, se abrió otra consulta sobre otra nueva tasa sobre el transporte aéreo. Eso fue en febrero, antes de que la pandemia golpeara con especial virulencia al sector de la aviación; nada se sabe de ese tributo, que bien se podría haber incluido en el proyecto de ley de cambio climático que aprobó recientemente el Gobierno y que se tramita ya el Congreso. Aunque no se hizo.
La Comisión Europea lleva un par de años barajando poner en marcha un impuesto para los plásticos. Bruselas calcula que podrían recaudarse en toda la UE entre 3.000 y 9.000 millones según su alcance y esos fondos servirían también para financiar la recuperación tras la crisis económica de la covid-19. Pero Bruselas todavía no ha dado luz verde a ese impuesto. La primera propuesta que difundió en 2018 la Comisión abogaba por una tasa única para la UE de 0,8 euros por kilogramo de envases no reciclados.
No solo las instituciones internacionales pedían a España una reforma fiscal verde. Las principales organizaciones ecologistas —Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF, SEO/Birdlife y Amigos de la Tierra— llevan muchos años proponiendo usar estas herramientas para gravar las actividades más dañinas. “Nos parece genial que se ponga en marcha un impuesto para que se pague el coste ambiental”, ha valorado este martes Julio Barea, de Greenpeace. “Pero que sea un coste real”. Barea se queja así del gravamen tan bajo que se propone a su entender, esos 45 céntimos por kilo.
En el lado absolutamente opuesto está Luis Cediel, director general de Anaip, la Asociación Española de Industriales de Plásticos. “No podemos estar más en contra del impuesto”, resume. Su asociación ya alegó contra este gravamen cuando se abrió la consulta pública y lamenta la “demonización” del plástico que se hace, ya sea de un solo uso o de otro tipo. Anaip considera que la tasa propuesta es “discriminatoria”, ya que solo grava un solo uso de plásticos y no de otros materiales, e “injusta”, ya que “socava la competitividad y pone en peligro la supervivencia” de un sector que genera 93.000 empleos directos.
Fuente: El País
